Crédito: Fotoilustración: Yamith Mariño

El mismo consorcio, cada vez con distinto nombre, se gana año por año la adjudicación de contratos de vigilancia que suman más de 14.000 millones de pesos. Con pólizas para esos casos, no han querido responder por el robo. Uno de los socios del consorcio beneficiado fue aportante a la campaña de Iván Duque.

El primero de junio del año pasado, a las 7:30 p.m., el señor José Rodolfo Largo ingresó en su camioneta a un parqueadero ubicado en la calle 125 con carrera 20, en Bogotá. El señor Largo estacionó su vehículo y se dirigió al Carulla cercano al estacionamiento para realizar algunas compras. El momento fue aprovechado por tres hombres que se acercaron a la camioneta de Largo, rompieron una de las ventanas y se robaron las dos bicicletas que estaban dentro.

En un video captado por una cámara de seguridad se aprecia cómo uno de los implicados vigila mientras los otros dos cargan las bicicletas hasta un automóvil que se encontraba estacionado sobre la calle 125. Instantes después, los delincuentes huyeron sin que nadie en el parqueadero advirtiera el robo o intentara evitarlo.

Este hurto tuvo dos ingredientes que llamaron la atención: de un lado, el valor de las bicicletas robadas, tasado en 80 millones de pesos; del otro, las características del parqueadero donde ocurrió el robo.

Se trata de un parqueadero del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), administrado por la Terminal de Transportes de Bogotá, sociedad de economía mixta adscrita a la Secretaría de Movilidad.

El hecho tuvo tanta notoriedad que a través de su cuenta en Twitter, la concejala Lucía Bastidas pidió explicaciones tanto a la Terminal de Transportes como a la Secretaría de Seguridad del Distrito.

José Rodolfo Largo denunció el robo ante la Fiscalía y radicó quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la empresa de seguridad y la Terminal de Transportes. Un año y cuatro meses después, nadie le responde por el robo de sus valiosas bicicletas.

El pasado 4 de octubre, la SIC le envió un oficio informándole que requerían siete meses más para tomar una decisión, es decir hasta el 26 de mayo de 2023.

Largo habló con CAMBIO y dijo que solo ha recibido propuestas destempladas, como la que, según él, le hizo el señor Fernando Arévalo, quien se identificó como directivo de la empresa de vigilancia. “Me envió un documento para que aceptara el reembolso del vidrio y que firmara que quedábamos a paz y salvo y que me comprometiera a no hacer nada en contra de la Terminal ni de ellos”.

El 22 de junio de 2021, Largo recibió una carta con una extensa respuesta firmada por Ana María Zambrano Duque, la gerente de la Terminal de Transportes de Bogotá. En la carta, la funcionaria negó cualquier responsabilidad tanto de la Terminal de Transportes como de la empresa de vigilancia a cargo del mismo.

A pesar de que los videos confirman que el robo fue un hecho cierto, la funcionaria se refirió a las bicicletas como “elementos presuntamente dejados al interior del vehículo” y argumentó que como el señor Largo no había entregado las bicicletas en custodia de la administración del parqueadero, ni la empresa de seguridad ni la Terminal (administradora del parqueadero) eran responsables.

Eso sí, la señora Zambrano le dijo al señor Largo que con mucho gusto le respondía por el vidrio que le habían roto: “Con la información que se obtuvo se concluyó que efectivamente el vehículo de placas XXXXXX sufrió un daño en el vidrio encapsulado triangular de la ventana trasera izquierda, específicamente se encontró roto según fotografías aportadas por el guarda de seguridad y siendo este un elemento integrante del vehículo, la Terminal de Transporte S.A. le informa que le reconocerá el pago integral de dicho daño”.

El millonario robo de las bicicletas llevó a una investigación interna, que evidenció las fallas y negligencia de los vigilantes de la empresa de seguridad.

CAMBIO tuvo acceso a este informe, en el cual quedó establecido que durante 34 minutos los vigilantes no hicieron los recorridos a los que están obligados. También identificaron que uno de los guardas estuvo conversando con otra persona durante todo el tiempo que duró la planeación y ejecución del hurto y solo un minuto después de cometido el robo el guarda inició su recorrido.

“El material probatorio anteriormente citado evidencia que los dos guardas de seguridad que prestan sus servicios al contrato TT – 04 – 2021 no cumplieron con las obligaciones contractuales, ni con las consignas del puesto de trabajo durante el lapso comprendido entre las 9:47 y las 20:27 horas del 1 de junio de 2021 en el parqueadero Terminal Santa Bárbara, lapso durante el cual se perpetró un presunto hurto en las instalaciones del mismo el cual afectó al usuario José Rodolfo Largo Olarte.”

Es decir, los guardias dejaron de cumplir sus labores en el momento preciso en que al señor Largo le sacaron las bicicletas del vehículo que había dejado en el parqueadero justamente para que no lo robaran.

A funcionarios de la Terminal de Transportes que hablaron con CAMBIO les parece extraño que la empresa de vigilancia, que tiene pólizas de seguro contra casos como ese, no haya respondido por el robo.

El contrato firmado entre la Terminal de Transportes y la empresa de vigilancia no es por una cuantía menor: $4.951.547.597 y un plazo de ejecución de 11 meses. La Terminal de Transportes estableció 4 criterios para la calificación de los candidatos a la adjudicación del contrato:

Valor total, recursos técnicos y tecnológicos

Coordinador y supervisor del contrato

Entre los factores calificados, el que más puntos otorgó fue el de los perfiles del coordinador y supervisor del contrato. El coordinador debía acreditarse como evaluador de competencias del Sena, tener cinco años de experiencia como consultor y experiencia mínima de cinco años como gerente o jefe de operaciones. El supervisor debía tener experiencia mínima de dos años como supervisor de seguridad y contar con una resolución de investigador, asesor o consultor en seguridad privada.

Para obtener puntaje por "componente de calidad", los oferentes debían contar con una certificación en bioseguridad emitida por entidades como Icontec o Fenalco y tener en su equipo un coordinador que demostrara haber hecho un diplomado de mínimo 150 horas en gerencia de seguridad.

Para obtener el puntaje de "factor de calidad", los oferentes debían presentar tres certificaciones de calidad expedidas en Bogotá, lo que restaba puntos a empresas o uniones temporales cuya operación se hiciera en otras zonas del país.

Las condiciones fueron tan específicas y detalladas que se ajustaron justamente a la talla y medida de un solo oferente: la Unión Temporal OM 2021.

Durante el proceso de selección, varios interesados hicieron observaciones al pliego de condiciones. Por ejemplo, Amcovit Security Services, Sevicol y Andiseg  manifestaron su oposición a los perfiles solicitados para el coordinador y supervisor; entre otras cosas porque, según ellos, dichos requisitos no eran indispensables para la ejecución de las actividades y no tenían relación con el cargo que iban a desempeñar. 

Otras empresas, como Seguridad Superior Ltda y Sevicol, presentaron objeciones a la solicitud de la certificaciones de bioseguridad expedidas por Icontec o Fenalco. Según sus argumentos jurídicos, quien debe garantizar el cumplimiento de los protocolos es la ARL. La empresa Megaseguridad le advirtió a la Terminal de Transporte que la Ley 1150 de 2015 prohibía establecer como calificación las certificaciones otorgadas por sistemas privados de gestión de calidad.

Otras condiciones, como la capacidad financiera del oferente y tener experiencia en prestar servicios de seguridad en terminales de transporte, fueron dejando a la Unión Temporal OM 2021 como el único oferente que cumplía a cabalidad con todas las condiciones. Por eso, ganó el proceso con un extraordinario puntaje de 1000/1000.

Cada año la Unión Temporal cambia de nombre para quedarse con los contratos de vigilancia, pero siempre está conformada por las mismas dos empresas: Seguridad Oncor y Seguridad Monserrate. De hecho, llevan tres años quedándose con el contrato de vigilancia y seguridad privada de la Terminal de Transportes.

El exitoso consorcio ya suma contratos por 14.019 millones de pesos. Los montos contratados y la experiencia derivada de estos mismos contratos le han ayudado a ponerse por delante de sus competidores en los procesos de adjudicación. Pero de pronto le ayudan los contactos que tiene.

Seguridad Oncor cuenta entre sus principales accionistas a Germán Hernando Perilla Medrano. Perilla aportó a la campaña de Iván Duque 35.000.000 de pesos y su empresa ha obtenido millonarios contratos estatales, uno de ellos por 19.255 millones de pesos, adjudicado por medio de licitación en la Superintendencia de Notariado y Registro en diciembre de 2019.

El portal de investigación Cuestión Pública, reveló que Seguridad Oncor suscribió 24 contratos entre 2013 y 2020 por un valor de 154.118 millones de pesos. Sandra Patricia Castaño, esposa del exsenador por Centro Democrático Santiago Valencia González, fue representante legal para asuntos judiciales de dicha firma en 2019. El excongresista Valencia González es hijo del exministro del Interior y Justicia Fabio Valencia Cossio.

El nombre de un funcionario se repite en dos momentos claves del contrato de seguridad adjudicado a la Unión Temporal OM 2021. Se trata de Nicholas Mitchel Franco Guijarro. Franco Guijarro es el director de seguridad operacional de la terminal de transportes. Tiene pregrado en comercio internacional y una especialización en gerencia logística de la Universidad Sergio Arboleda.

Según lo reporta la información registrada en Secop II, Franco fue quien dirigió el proceso de contratación en la etapa de estructuración y adjudicación. Ahora es el supervisor del contrato.

En 2020, Seguridad Oncor y Seguridad Monserrate ya habían ganado ese mismo contrato bajo el nombre de Unión Temporal Moon 2020. En esa ocasión, Nicholas Mitchel también fungió como líder del proceso de contratación y supervisor del mismo. 

Para ese entonces, una auditoría interna de la Terminal hizo observaciones sobre la etapa contractual de ese proceso, advirtiendo que a la Unión Temporal no se les exigió el número de hojas de vida suficientes tanto de coordinadores como de supervisores para el cumplimento del contrato;  y que, además, al contratista se le aceptó una certificación de una de las hojas de vida sin los respectivos soportes. El documento no solo advierte posibles inconsistencias en la etapa precontractual sino en la labor de supervisión. En el documento, en poder de CAMBIO, se advierten anomalías como la ausencia de soportes que den constancia del cumplimiento a cabalidad de las obligaciones del contratista.

La persona que hizo estos hallazgos trabajó en la Terminal de Transportes hasta julio de este año, cuando su contrato no fue renovado.

Los registros biométricos, con los cuales se comprueba que los empleados del contratista cumplen sus funciones, no dan cuenta de que los coordinadores y supervisores –gracias a los cuales la Unión Temporal obtuvo sus altos puntajes– asisten presencialmente a cumplir sus labores.

Por ahora, la Contraloría de Bogotá ya hizo un análisis de ese contrato y no encontró anomalías.

Al contratista le sigue yendo muy bien, igual que a su supervisor, el señor Nicholas Mitchel Franco, quien en sus redes sociales expone una vida glamurosa desde paradisíacos destinos turísticos y en autos deportivos.

CAMBIO envió un cuestionario a la gerente de la Terminal de Transportes, Ana María Zambrano, para que explicara las anomalías en el contrato y la renuencia a responder por las bicicletas. Estas son sus respuestas:

CAMBIO: El día 1 de junio de 2021, tal y como consta en denuncias y en video, le fueron robadas al señor José Rodolfo Largo, dos bicicletas que se encontraban en su camioneta mientrás el vehículo se encontraba estacionado en un parqueadero administrado por la Terminal. El señor Largo ha manifestado que a la fecha ni la Terminal, ni la empresa encargada de la vigilancia le han respondido por el valor de los objetos sustraídos.¿Cuál es la razón?

Ana María Zambrano: En relación a la reclamación sobre el hurto de 2 bicicletas y daño al vehículo en el parqueadero de la calle 125, la empresa de seguridad asumió los daños causados al automotor y ofreció indemnización por la ruptura del vidrio. Sin embargo, el señor José Largo no aceptó los recursos. Por los hechos ocurridos, la Terminal identificó un presunto incumplimiento del contratista, razón por la cual se adelanta actualmente un proceso sancionatorio contractual, el cual se encuentra en etapa de decisión.

Finalmente, el señor Largo presentó demanda frente a la Superintendencia de Industria y Comercio y será esta autoridad la que decidirá sobre la responsabilidad de la Terminal.

CAMBIO:¿Conoce usted el motivo por el cual la empresa de vigilancia no ha utilizado las pólizas de seguro para reparar al usuario?

A.M.Z.: El Contrato TT-04-2021 dispone que el contratista debe otorgar una Garantía única de Cumplimiento, la cual puede ser objeto de afectación si se concluye responsabilidad en los hechos narrados.

CAMBIO: La Terminal de Transportes suscribió el contrato TT-04-2021 con la Unión Temporal OM 2021. Dicho consorcio está conformado por las empresas Seguridad Oncor y Seguridad Monserrate. Dichas empresas han conformado tres consorcios con nombres diferentes con los que se han ganado el mismo contrato durante tres años consecutivos.¿Puede usted garantizar plenamente que el proceso de selección ha sido totalmente objetivo y ceñido a la ley?

A.M.Z.: Las Uniones Temporales son una de las figuras de asociación habilitadas por la ley y en este caso han tenido como objeto específico la ejecución de un contrato en concreto. Para los años 2019, 2020 y 2021, los respectivos procesos de selección concluyeron con la adjudicación a uniones temporales que se conformaron únicamente con la finalidad de presentar propuesta para dichos procesos contractuales. Legalmente no existe restricción a que distintas personas jurídicas se unan en diferentes procesos para cumplir un objeto común. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato en mención se ajusta a lo establecido en la Ley.

Se resalta que, los procesos de selección del servicio de vigilancia para los años 2019, 2020 y 2021, fueron públicos y se adelantaron a través de la plataforma SECOP II.

CAMBIO: El líder del proceso de contratación y posteriormente el supervisor del contrato ha sido el señor Nicholas Mitchel Franco Guijarro. ¿Cree usted que podría haber una posible inhabilidad? ¿Por qué la supervisión no ha sido delegada en otro funcionario?

A.M.Z.: El señor Nicolás Franco, en su calidad de Director de Seguridad de la Terminal de Transporte, no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad para ejercer sus funciones, dado que las inhabilidades son taxativas en la ley.

El Director de Seguridad de la empresa tiene a su cargo la identificación de las necesidades en materia de seguridad integral y en consecuencia lidera desde el componente técnico la estructuración de este tipo de proyectos, sin perjuicio de que en el proceso de selección participan de acuerdo con sus competencias las áreas financieras, jurídica y administrativa, entre otras.

En relación con la supervisión del contrato, la misma se ejerce también en virtud de la especialidad del cargo que desempeña funcionalmente el Director de Seguridad.

Finalmente, se aclara que la actual Gerente asumió su cargo el 26 de enero de 2021, fecha en la cual la elaboración de estudios previos, los pliegos definitivos y la presentación de las ofertas del proceso de selección que dio lugar al Contrato TT-04-2021 ya se habían surtido, razón por la cual el 10 de febrero de 2021 fue adjudicado el contrato y el 17 de febrero de 2021 fue suscrito, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Terminal de Transporte relacionadas con la prestación del servicio en condiciones de seguridad a sus usuarios, y de preservar la integridad de los bienes que conforman la infraestructura de esta empresa.    

CAMBIO:¿Desde hace cuánto trabaja en la Terminal de Transportes el señor Nicholas Mitchel Franco Guijarro?

A.M.Z.: El señor Nicholas Mitchel Franco Guijarro labora en la Terminal de Transporte desde el 8 de enero de 2019.

CAMBIO: El 19 de febrero de 2021, la oficina de Auditoría Interna de la Terminal emitió un informe sobre el proceso contractual TT-120-2020. En dicha auditoría se advirtieron posibles anomalías en la etapa precontractual de dicho proceso y posteriormente en la supervisión del mismo. ¿Qué medidas adoptó la Terminal?

A.M.Z.: Las observaciones realizadas en el informe de auditoría fueron superadas en ejecución del plan de acción de mejora de la auditoría.

El contrato en mención fue auditado y revisado por la Contraloría Distrital de Bogotá en la presente anualidad, teniendo como resultado verificación de evidencias sin encontrar irregularidad alguna.

CAMBIO: El contrato TT-120-2020, al igual que en el TT-04-2021, los contratistas fueron las empresas anteriormente mencionadas y el líder del proceso y supervisor fue el señor Nicholas Mitchel Franco. ¿Por qué si una auditoría había advertido de posibles falencias en el proceso contractual anterior, se designó de nuevo al señor Franco como líder del proceso y supervisor del mismo?

A.M.Z.:Como consecuencia del informe de auditoría interna, se realiza un plan de acción que tiene como finalidad mejorar los procesos y procedimientos, y mitigar posibles riesgos a futuro. Por las competencias funcionales de la Dirección de Seguridad, es la dependencia responsable de garantizar y de liderar la seguridad de la sociedad.